Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) is a Spanish judge. From the Audiencia Nacional, he has investigated major cases related to terrorism, organized crime, money laundering and crimes against humanity. He issued an arrest warrant against former Chilean dictator Augusto Pinochet and the members of Argentinian military juntas. In 1993 he went into politics as an independent candidate on the list of social democrat PSOE party, but resigned one year later from his post in Government. He has been convicted, then acquitted, for investigating the crimes of Francoism. In 2012 the Supreme Court convicted him of illegally wiretapping conversations between suspects in a major corruption inquiry (Gürtel case) and sentenced him to eleven years disqualification from judicial activity. Currently, he is the head of Julian Assange's legal team.
Mr. Garzón presented in Barcelona his book “En el punto de mira” (Planeta, 2016) about his professional experiences.
“La
persecución de Julian Assange tiene una base estrictamente
ideológico-política y de ataque a la libertad de información y de
prensa”
A.B. - El libro, y especialmente el capítulo titulado "La caza", rezuma indignación por cómo se desarrolló toda la operación de acoso y derribo a que fue sometido cuando empezó a investigar el caso Gürtel y también cierta amargura e impotencia acerca de la politización de la justicia, la corrupción, la enorme dificultad que supone reformar España, regenerar sus estructuras...
B.G. - ¿Rezuma indignación? Sí, evidentemente, mucha, pero no tanto rencor. Indignación por el hecho que era innecesario, se trataba de una investigación contra la corrupción [caso Gürtel] con todos los instrumentos que el Estado de derecho da y, sin embargo, la respuesta fue la de un planteamiento brutal del propio Partido Popular frente a todas las instituciones que ni siquiera estaban investigando a este partido. Estaban investigando a personas concretas y hechos delictivos, o presuntamente delictivos, concretos. Por tanto, la reacción tendría que haber sido exactamente la contraria. Eso da idea de que esta estructura política, en ese momento, no quería que la transparencia, que la regeneración, a través en este caso de una investigación judicial, pudiera entrar.
Rezuma también tristeza e incluso impotencia frente a hechos como estos, sí también, pero a la vez esperanza de que se pueden cambiar. Afortunadamente, creo que lo he dicho en alguna ocasión, si lo que se pretendió con eliminarme judicialmente fue que no hubiera deseos de investigar casos de corrupción, se ha producido el efecto contrario. Probablemente, porque no calcularon bien las fuerzas aquellos que estuvieron detrás de toda esa operación porque, fue tan brutal todo lo que aconteció, que los jueces, que ejercen su independencia, no pueden ser todos silenciados. Ahora bien, lo importante es que no tengan que ser los jueces los que purifiquen o limpien el país; es una labor de toda la sociedad, de la política, y acudir al derecho penal es el último estadio, que es precisamente el propio sentido del derecho penal. No acudir como primera medida, sino como última.
A.B. - Teniendo en cuenta los numerosos casos de corrupción política que ha habido en España y en Cataluña, con gobiernos del PP, del PSOE o CiU, ¿cree que es posible su erradicación? ¿No es la corrupción un fenómeno estructural, parte sustancial del propio sistema político?
B.G. - Yo creo que, a la hora de enfocar la corrupción, se puede hacer de varias formas. Hay quienes dicen que aceptar determinado grado de corrupción es necesario o imposible de evitar, y otros que la confrontación a través de la transparencia y la participación es la norma, el juego limpio. Yo me ubico, evidentemente, en este segundo ámbito. ¿Se puede? Sí, lo que ocurre es que hay que estar convencido de ello; no se puede banalizar la corrupción. Lo que ha pasado en España es que, durante mucho tiempo, no se tomaron en cuenta determinados elementos y decisiones que para mí eran fundamentales. Es decir, después de un régimen autoritario fascista, donde la corrupción era o podía ser la norma en sí misma, no hubo una respuesta, se continuó con prácticas similares y no es hasta 1994, con todos los escándalos de Filesa y demás, que se pone en marcha, después de una reacción en la que yo también tuve participación en ese momento desde el ámbito de la política, toda una regeneración a través de creación de instrumentos. Pero luego faltó esta convicción y no se desarrollaron, no se aplicaron.
Ha sido veinte años después cuando la eclosión de fenómenos nos ha puesto en la tesitura de decir: o aceptamos que esto es así o lo cambiamos. Creo que el poder judicial está haciendo ahora el papel que le corresponde. Falta la clase política, que también ha tomado iniciativas, pero creo que no suficientes porque hay elementos que todavía perviven. Es decir, el hecho en sí mismo de no reconocer lo que se está haciendo, como la misma señora De Cospedal dijo el otro día, como que cuestionaba el juicio de la Gürtel, como que tenía dudas de las garantías...｡Hombre! Se pueden tener dudas de una persona, de dos...pero de un juicio oral público donde, con todas las garantías que tenemos en un país democrático, se va a dilucidar la responsabilidad penal, civil o lucrativa de una persona, debería tenerse confianza. Y si eso lo dice una persona que está imputada, bien, pero si lo dice un líder político, me preocupa mucho.
Yo creo que sí hay voluntad, pero tenemos que asumir que la corrupción es un elemento que está presente, que está muy arraigado y que tenemos que pasar de la banalización, del no dar miedo a ser corrupto a ser conscientes que sólo la transparencia, el buen hacer, la ética en la gestión pública es el camino. Se puede conseguir y al final reporta más beneficios.
A.B. - Usted fue procesado por abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo y por ello fue condenado, luego absuelto. Dice en el libro que este juicio cierra definitivamente la posibilidad que en España se puedan investigar estos crímenes y se pueda poner fin a la impunidad...
B.G. - En España ha ocurrido un fenómeno impresionante, por lo negativo, respecto a otros países. Probablemente, en cuanto a dosis de impunidad respecto a crímenes de genocidio, de lesa humanidad, etc, nos podamos comparar a Turquía respecto al genocidio armenio, que todavía ni se reconoce. Pero es que España es el segundo país del mundo, después de Camboya, en número de desaparecidos. Y en España jamás se ha iniciado ninguna causa de investigación penal, ni siquiera en la revisión de los juicios sumarísimos a Ruano, Grimau o Puig Antich. No se ha removido absolutamente nada. Cuando en 2007 la ley de memoria histórica apenas tocó algunos aspectos para declarar ilegítimos esos juicios -no para anularlos-, para algunas vías de compensación y demás, el partido principal de la oposición en este momento, el PP, se abstuvo, es decir, no participó, no quiso que se hiciera una ley de memoria histórica.
Pero es que en 2011 se negó a seguir aplicándola y cuando judicialmente, en 2006, las víctimas toman las iniciativas -corresponde a mi juzgado-, yo intento iniciar esa investigación en 2008 y la respuesta fue fulminante por parte de la Audiencia Nacional, que archiva esa causa. Cuando se abrió para otros juzgados, la Fiscalía también solicitó el archivo. Incluso se inicia una causa contra el juez, contra mí, por haber iniciado esta investigación, con querellantes tan poco sospechosos de honestidad como Manos Limpias o incluso quienes habían formado parte de los victimarios, como Falange. Se me suspende de funciones, después se me absuelve pero diciendo “no vuelva a hacer usted eso, porque no”. Y, finalmente, el propio Tribunal Supremo decide, después de mi sentencia absolutoria, que no se vuelva a abrir ninguna investigación en este sentido. Entonces las víctimas quedan absolutamente desamparadas.
Cuando se abre una puerta nueva con la jurisdicción universal en Argentina, la cooperación desde España a la querella contra el franquismo es no colaborar. Cuando algunos jueces comienzan a colaborar, la fiscal general del Estado emite una circular diciendo "absténganse de cooperar y no olviden que hubo un juez que lo hizo y se le abrió procedimiento penal". Es una negación, es la pura impunidad y, además, basándola en una ley de amnistía que ni siquiera se refería a este tipo de crímenes.
Por tanto, hoy en día, a pesar de la reclamación de las víctimas, de todos los organismos internacionales y de la lucha contra la impunidad que se hace incluso desde Parlamentos autonómicos, en el Estado español no se da un paso en ninguna de sus instituciones para que haya verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo. Pero hay que seguir luchando, por eso pedimos una comisión de la verdad, por eso estamos haciendo todo lo imposible en los organismos internacionales (me refiero a la sociedad civil), por eso se está consiguiendo que en Parlamentos autonómicos haya votaciones a favor de la creación de una comisión de la verdad, como en Asturias o en Canarias a favor de la calificación de crímenes de lesa humanidad, en Cataluña por la nulidad de los juicios sumarísimos, una ley foral de la memoria histórica muy potente en Navarra, una ley de memoria democrática en Andalucía...pero falta desde el Estado y la pregunta es ¿por qué? Pues, evidentemente, porque hay un gobierno que no quiere ni oir hablar de memoria histórica porque dicen que esto no existe
A.B. - Sobre el episodio de las detenciones de independentistas catalanes en 1992, usted se sacude las responsabilidades sobre las torturas que denunciaron los detenidos, a quienes se mantuvo incomunicados en aplicación de la ley antiterrorista. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dio la razón en una sentencia en que condenaba a España por no haber investigado estas denuncias. Veinticuatro años después, ¿sigue pensando que actuó correctamente?
B.G. - Hay que distinguir. Usted identifique independentistas, yo no le voy a quitar este título, pero a Terra Lliure se la investigaba por delitos de terrorismo y a las personas se les imputaba este tipo de hechos delictivos y, cuando aceptaron la conformidad de la sentencia, se hablaba de banda armada y no aparecía el término independentismo. Pero yo asumo que, evidentemente, era una forma de ejercicio de la violencia en cuya base estaba un sentimiento de lucha por la independencia de Cataluña. En la actuación judicial, en concreto la mía, había indicios más que suficientes, abundantes, de que la comisión próxima de atentados exigía una intervención. A mí se me facilitaron estos indicios, estos datos, y yo actué y ordené una serie de detenciones y, posteriormente, otras más. Por tanto, la aplicación de la legislación del momento y del Código Penal creo que se hizo conforme a derecho. En cuanto a las detenciones en sí mismas, es cierto que hubo denuncias, algunas en el momento de la declaración judicial, ante el juez central de instrucción número 5 en este caso, que fui yo, y otras con posterioridad.
A partir de este momento estas denuncias, en todos los casos, se plantearon ante la jurisdicción ordinaria, que correspondía, si no recuerdo mal, y creo que lo cito en el libro, al juzgado de instrucción número 22 de Madrid. ¿Por qué es esto así? Porque el juzgado central de instrucción tiene competencia para los delitos de terrorismo, pero no para la investigación de torturas. Sí para recibir las denuncias y, de hecho, en todas las declaraciones, al menos yo lo hacía, preguntaba por el trato recibido y ahí las personas detenidas enumeraban cuál había sido ese trato. Sistemáticamente, los médicos forenses emitían el dictamen correspondiente y decían si había indicio o no de que se hubieran practicado torturas o malos tratos. En todos los casos en los que estos informes fueron favorables, se dedujo el testimonio correspondiente y se remitió a la jurisdicción que correspondía. En este caso es cierto que no se hizo, pero ello no evitó la denuncia.
Por tanto, se recogieron las denuncias, se hicieron los informes y se presentaron las denuncias en el juzgado número 22 de Madrid. Lo que dice exactamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de noviembre de 2004 es que considera que los elementos de prueba presentados por los demandantes no fundamentaban suficientemente las alegaciones. En consecuencia, dice el tribunal, no hubo violación del artículo 3 del Convenio [Europeo de Derechos Humanos, sobre la prohibición de la tortura]. Pero, sin embargo, sí dice a continuación que no hubo investigación suficiente, dice algo así como que hubo ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las alegaciones defendibles de los demandantes. Es decir, está reconociendo que podían ser creíbles y que no hubo investigación.
Y yo estoy de acuerdo en que no hubo investigación y que debió haberla y que debió profundizarse en ella. En lo único en que yo no puedo reconocer responsabilidad ninguna es que esa investigación no correspondía al juzgado central de instrucción número 5. En este juzgado, y yo en particular, se recogió en la propia declaración de algunos de los detenidos los malos tratos. Gracias a que se recoge ahí, se puede empezar a investigar. Lo que ocurrió es que -y esa es una autocrítica en general al propio sistema judicial español, del que todos formamos parte-, todo el tema relacionado con malos tratos, torturas en la aplicación de la legislación antiterrorista no fue objeto de atención durante mucho tiempo como debería haber sido.
Y eso generó unas dinámicas que, en algunos casos, contribuyeron a deslegitimar la propia lucha contra el terrorismo, pero también se investigaron. En mi caso concreto, no es eludir responsabilidad, es contar lo que ocurrió. Mi postura ha sido absolutamente beligerante en contra de la tortura, los malos tratos. De hecho, la creación de un mecanismo de control de la detención incomunicada a partir de lo que Naciones Unidas llamó el protocolo Garzón, es decir yo autoricé a partir de este protocolo que médicos designados por los familiares pudieran ver durante la detención a las personas detenidas. Eso es lo que mandaban las normativas internacionales y lo que eso supuso para mí, curiosamente, fue una campaña, un ataque impresionante por parte de algunos medios de comunicación y varias denuncias contra mí porque decían los médicos forenses que yo les ponía en riesgo porque podían ser identificados por los médicos que designaban las familias o porque me iba a cargar la lucha contra el terrorismo. En definitiva, yo creo que se contribuyó a que se dignificara y se clarificara y hubiera menos margen y además de la petición que desde el año 1999 venía haciendo de derogación de la ley antiterrorista.
Bueno, esos son los hechos. Lógicamente cada cual lo puede valorar como sea. Pero, desde mi punto de vista, creo que desde que comencé a investigar a los GAL hasta mis últimos días en la Audiencia Nacional y hasta el día de hoy sigo defendiendo la limpieza y el respeto absoluto al Estado de derecho y cualquier quebranto del mismo hay que perseguirlo.
A.B. - Hablando de limpieza, asistimos en Cataluña a una judicialización extrema de la vida política. El proceso independentista se combate con recursos ante los tribunales, con juicios y condenas. Peor aún, con maniobras desde las cloacas del Estado fabricando casos falsos contra los dirigentes independentistas. ¿Es ésta la forma de resolver los conflictos políticos?
B.G. - No, no. Lo he dicho muy claro y lo digo con muchísima contundencia. Creo que, desde mi humilde punto de vista, se está cometiendo un grave error al utilizar a las instituciones constitucionales y de Estado en interpretaciones que pueden ser defendibles (el Código Penal y demás) pero que, desde luego, no son razonables en el sentido que utilizar el Código Penal para substituir lo que debe ser el debate y los argumentos políticos es muy grave. Y, además, desarrollar prácticas de juego sucio que, si se llegan a demostrar, serían gravísimas (ya tuvimos una experiencia muy nefasta en esa guerra sucia contra el terrorismo y tenemos experiencias internacionales también gravísimas). Por tanto, no es de recibo que no haya ese debate político, que no haya ese diálogo.
Hace demasiado tiempo que el gobierno está ausente de toda la dinámica que se está produciendo en Cataluña que, guste o no guste, existe y se está produciendo. Y, desde luego, no es el Código Penal el que se tiene que tomar la voz y la palabra. Como decía antes, el derecho penal es un derecho de mínimos, se acude a él cuando no hay otro remedio. Pero el problema es que aquí no se ha debatido, se han establecido no ya líneas rojas, sino muros infranqueables para no debatir un tema que está ahí y que se va a quedar. Yo no puedo estar a favor o en contra de la independencia, todos debemos estar a favor de lo que es un derecho reconocido en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Naciones Unidas, el derecho a la autodeterminación, y luchar y debatir políticamente sobre ello. Yo siempre he dicho que la única limitación que pongo es el uso de la violencia, que para mi es inaceptable en una democracia.
A partir de ahí, si no hay ese debate político, el Código Penal no va a resolver esa cuestión, sino que la va a exacerbar mucho más.
A.B. - En el libro explica con detalle su tormentoso paso por la política y su ruptura con Felipe González. ¿Qué opinión le merece el hecho que el PSOE se disponga a apoyar un gobierno del partido más manchado por la corrupción?
B.G. - Yo diría que mi paso por la política fue más bien traumático. Fue bastante corto, once meses, aunque nunca once meses han dado tanto de si porque, cuando empezó la investigación de Gürtel, todavía se me imputaba ser un juez socialista, no sé, como una especie de mancha, de estigma. Si dices que eres un juez de derechas, ¿eso es bueno o qué?. Es un poco absurda esta catalogación en función de ideologías para la justicia cuando nadie se puede hacer una lobotomía para no ser ideológicamente lo que es. Otra cosa es que abdiques de tu imparcialidad.
En cuanto al PSOE, a mi me da mucha pena que, a través de una abstención, se vaya a propiciar un gobierno por cuatro años más del PP. El PP lo respeto, siempre que se respeten a sí mismos, siempre que haya unos mecanismos de transparencia que sean aplicables a cualquiera de los partidos políticos como estructuras básicas de un Estado democrático. Pero al PP y a sus máximos responsables no les han pasado factura todavía los casos de corrupción. El argumento de decir que se expulsa del partido a quien ha dimitido de los cargos es muy pobre y no es asumible como única respuesta. El decir "ahora somos diferentes", bien, pero antes no y el antes es la base del ahora. Para mí es incomprensible que se siga votando mayoritariamente a una estructura que no ha demostrado transparencia y que ha banalizado la corrupción. Por tanto, también habría que hacer esta reflexión.
¿Y el PSOE? Pues ha tomado esta decisión, se argumenta que en función de la gobernabilidad, pero yo no puedo asumir tranquilamente, pacífica y bondadosamente cuatro años más, con uno de interregno, de un gobierno nada más que en funciones, lo que ha sido una experiencia para España nefasta en todo el tema del desarrollo territorial de España como pais plural, de nacionalidades diversas; de lo que ha sido la economía, la reducción a unos índices de pobreza y de desigualdad muy graves y que nos sigue poniendo casi a la cabeza de Europa. No lo puedo asumir y no lo entiendo, por tanto comprendo más posturas como la del PSC en Cataluña, que dicen "vamos a votar que no", porque eso es la coherencia.
¿Que la alternativa son unas elecciones y peores resultados? Pues lo que hay que hacer es combatir para que los resultados sean mejores. Pero bueno, eso lo dice alguien que no milita en ningún partido político y que tiene la libertad de crítica.
A.B. - El PSOE justifica también la abstención en aras a la unidad nacional...
B.G. - Yo soy muy claro en eso, es decir, cada uno puede tener un planteamiento de la unidad de España. Yo soy de los que opinan sobre la diversidad de España. Unos hablan de Estado español, otros de país, unos quieren autodeterminación, otros independencia...es decir, lo que sí es evidente es que estamos en un sistema democrático en que todas las posturas se deben defender. No hay más límite, vuelvo a decir, que la violencia y ni siquiera las fronteras territoriales son algo inalterable por siempre jamás.
A.B. - ¿Habría que celebrarse un referéndum de independencia en Cataluña?
B.G. - Si eso es lo que correspondiera después de un debate exhaustivo y profundo, ¿por qué no? Yo, cuando fue el referéndum en su momento dije que me parece muy bien que lo haya, lo único es que haya las garantías correspondientes, que sea participativo, que se expliquen las posturas, que se debata , que se profundice y, dentro de la legalidad y si hay que modificarla se modifica, se pueda expresar. Lo hemos visto en otros países y no pasa absolutamente nada. En fin, es una postura más universalista que particularista pero es que pienso así.
A.B. - ¿Y un referéndum unilateral?
B.G. - Vuelvo a decir que, en cualquier ámbito, hacer cualquier acción sin violencia es defendible. Hacerla contrariamente a una legalidad de la que se participa es complejo, es muy complicado porque eso es lo que está determinando a una de las partes facilitar el acceso a vías represivas. Entonces, es un camino peligroso para ambos. Yo soy de los que opina que es necesario, antes de cualquier iniciativa de cualquier tipo, es el diálogo. En España, en este tema, no ha habido diálogo abierto entre las fuerzas políticas, es algo que está pendiente. Mi opinión es que, antes de cualquier otro planteamiento, eso es lo que hace falta. No estoy de acuerdo con la postura negacionista y sospecho que va a ser muy complicada cualquier decisión unilateral.
A.B. - Le quedan todavía unos años de inhabilitación judicial. ¿A qué se dedica ahora? ¿Sigue defendiendo a Julian Assange?
B.G. - Sí, si, soy el coordinador de la defensa de Julian Assange y estamos ahora en un momento muy complejo, muy delicado por las publicaciones de Wikileaks sobre la campaña electoral norteamericana. Están teniendo trascendencia y demuestran que la persecución de Julian Assange tiene una base estrictamente ideológico-política y de ataque a la libertad de información y de prensa. Por esa razón, continúo defendiéndolo como siempre y porque estoy convencido de que, al margen de la excusa de su reclamación por Suecia frente a la cual no tenemos ningún problema en atenderla, subyace una operación mucho mayor que trata, en definitiva, de silenciar a Wikileaks, lo cual es muy grave
A.B. - ¿Tiene intención de reincorporarse a sus funciones judiciales cuando haya terminado la inhabilitación?
B.G. - Cuando termine mi inhabilitación, teóricamente no tengo más que solicitar la reincorporación porque, aunque esté inhabilitado por once años, no hay expulsión, porque no puede haberla, de la carrera judicial. Sigo siendo juez y, cuando cumpla mi sanción, si así lo deseo, tomaré posesión en el momento que pueda y después ya veremos, quedan todavía poco menos que cinco años.
